Oposiciones

El resultado de la Conferencia Sectorial de Educación muestra por segundo año consecutivo y a pesar del vuelco político, un espectro dividido de comunidades autónomas que van a convocar oferta de empleo de manera irregular, sin aunar criterios y creando serios agravios comparativos entre los aspirantes.

Sin embargo, es imprescindible que en educación consigamos

- Aumentar la dotación de recursos humanos como factor esencial de calidad para lograr la mejora del rendimiento escolar.

- Transformar el empleo precario en empleo fijo para asegurar la estabilidad de las plantillas.

- Ajustar las plantillas a las necesidades de especialización de los Cuerpos docentes.

Las limitaciones que establece la Ley de Presupuestos del Estado referidas a la tasa de reposición de efectivos no tienen en cuenta que la educación es un servicio esencial, y que las jubilaciones ordinarias y las anticipadas que han finalizado este año requieren cubrir un mayor número de plazas que en los años precedentes.

 Los propios políticos reconocen que no se trata de ahorrar porque los sueldos se pagan a interinos y funcionarios. Entonces, ¿cuál puede ser el motivo para mantener la precariedad?

Es sencillo. Si no se convocan plazas de empleo público docente puede desaparecer el empleo de un gran número de profesores interinos con los ajustes presupuestarios que se están llevando a cabo en la mayoría de las comunidades autónomas. Este efecto hemos podido presenciarlo ya de manera dramática durante el último curso. El profesorado interino está en grave riesgo de perder el puesto de trabajo si se siguen produciendo recortes en Educación. El único motivo para mantener la precariedad es, seguramente, facilitar el despido.

 Además, la falta de oposiciones garantiza la desmotivación del colectivo - ni siquiera entrarán nuevos profesores interinos - la continuidad de la precariedad laboral y la falta de futuro para miles de titulados universitarios. Además, dificultará avances en la calidad del sistema educativo, entre otros los anunciados por el Gobierno en relación a la regulación de un nuevo sistema de acceso a la función docente.

Las administraciones educativas deben ofertar el mayor número de plazas posible e informar de sus previsiones cuanto antes, ya que es inconcebible que los futuros opositores, en fase activa y decisiva de preparación, no conozcan aún la oferta de empleo público de su comunidad autónoma. Además, la oferta debe publicarse en todas las comunidades para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los desequilibrios que surgirán si unos territorios convocan oposiciones y otros no.

Y el Ministerio de Educación debe coordinar el proceso en todo el Estado, unificar criterios de interpretación legislativa y fomentar la oferta de empleo público entre todas las administraciones educativas. Es lo que le corresponde.