En la misma piedra

 

Reconozco que he vivido todo el trámite de redacción y aprobación de la LOMLOE con tristeza y decepción. Esta nueva ley educativa vuelve a llevar el nombre del político de turno, la carga ideológica de turno y el microchip de autodestrucción, porque la cambiarán en cuanto gobierne un partido de otro signo. La ley Celaá es la cara, o la cruz, de la ley Wert y esto quiere decir que volvemos a tropezar en la misma piedra.

Puedo resumir mi decepción en diez razones:

1. Desde el primer momento se renunció a construir la ley a partir de la negociación y el acuerdo con la comunidad educativa. Una vez más, todo ha estado cocinado en los despachos, todo ha formado parte de planes exclusivamente políticos. Y aunque quienes la han redactado saben más de educación que el extraño conjunto de perfiles académicos de la ley Wert, no se ha escuchado al profesorado. Ni siquiera se ha escuchado a la historia. Y de esta última afirmación surge mi decepción número 2.

2. La ley Celaá se gestó antes de un cambio radical de la realidad educativa al cual ha permanecido de espaldas durante su tramitación. La escuela ha modificado su faz para siempre, a causa de una transformación de la metodología y la dinámica cotidiana que no ha surgido de forma natural sino como respuesta inmediata a una gigantesca crisis. Hubiera sido más lógico detener la maquinaria legislativa y reflexionar sobre este cambio para adecuarse a él. No lo han hecho y eso lastra completamente la nueva ley e incluso la despoja del adjetivo “nueva.” La LOMLOE nace anticuada. Aquí y allá se pellizca la actualidad con algunas disposiciones sobre las “emergencias” y se hace una llamada a “promover el desarrollo de la competencia digital,” frase que aparece en todas las leyes- con la misma redacción- desde hace veinte años. Tiene razón José Antonio Marina: están en la Luna. Hasta los altos despachos no llega noticia de necesidades tan imperiosas como bajar las ratios definitivamente, crear plataformas digitales seguras y no comerciales para el contenido curricular, duplicar las plantillas o acelerar la formación del profesorado en las nuevas herramientas digitales. Tampoco atender los nuevos requerimientos emocionales del alumnado.

3. La LOMLOE no es una reforma. Corrige a la LOMCE lo que esta corrigió a la LOE. Mantiene la estructura tradicional del sistema educativo, no tiene valor para hacer obligatoria la educación infantil de 3 a 5 años ni para convertir el bachillerato en una etapa de tres cursos que prepare para la universidad y no solo para la PAU, una prueba, por cierto, anacrónica. Vuelven los ciclos a Primaria (no se habían ido porque nadie hizo caso), desaparecen los itinerarios en la ESO con su disparate de las titulaciones de primera y segunda; y a cambio regresa la diversificación. Es otra mano de pintura.

4. Aunque el Ministerio las publicita, la LOMLOE no contiene medidas concretas de apoyo a la enseñanza pública. ¿Cómo se va a favorecer a los centros que escolarizan alumnos con muchas dificultades si no se aumentan los recursos y las plantillas? Tampoco se atreve a apostar por los CEIPSOs, es decir a unir la primaria y la secundaria en los centros públicos, que es la verdadera causa por la cual muchas familias eligen la enseñanza concertada. Pinchar a la concertada con el tema de la libertad de elección y la demanda social no beneficia por arte de magia a la pública. La realidad siempre fue más compleja que el maniqueísmo. La enseñanza pública debe estar presente en esa libertad de elección y poner en juego su calidad. Siempre pensé que situarla como la competidora débil era una profecía autocumplida.

5. La LOMLOE mantiene, como es habitual, un catálogo de proyectos sin que suba ni una décima el porcentaje de PIB destinado a la educación. Porque, como todos los legisladores educativos saben, la calidad nunca, nunca, nunca es cuestión de dinero. Tal vez hubieran podido utilizar esa premisa como base de un pacto. “Prohibido hablar de financiación en una ley educativa”, podría ser la segunda premisa. Fuera del articulado hay un compromiso verbal de aumentar el porcentaje del PIB hasta el 5% en 2025. Un plazo muy largo para una ley sin consenso, en el umbral de una profunda crisis económica.

6. Sí, desaparecen los centros específicos de educación especial. Es un hecho: “En diez años los centros dispondrán de los recursos necesarios para atender a todos los alumnos con discapacidad”. Precisamente porque he sido PT y he trabajado toda mi vida por la integración, me pongo en el lugar de las familias y me sumo a sus protestas. Los centros de educación especial de hoy realizan con su alumnado una labor insustituible.

7. Actúa de forma injusta con la asignatura de Religión. No tiene valor para suprimirla, así que le hace bullying al despojarla de todo peso académico y al negarle una materia complementaria. Siempre he creído que la asignatura Valores debe ser para todos, como recoge esta ley, pero mientras exista la Religión como asignatura, quienes la imparten son profesores y quienes la reciben son alumnos. Merecen respeto.

8. Después de mil frases armoniosas sobre justicia, equidad, igualdad y una serie de valores que, en efecto, son imprescindibles en democracia, incumple el acuerdo al que se llegó en 2018 sobre la vuelta de la asignatura de Ética en Secundaria, impartida por filósofos. Wert fue quien la quitó, así que estará satisfecho.

9. Una vez más pospone al profesorado. En la disposición adicional séptima existe el compromiso de elaborar una normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. Es exactamente lo mismo que decía la LOMCE: hoy no, mañana.

10. Cuando no se abordan los recursos, desdobles, especialistas y apoyos que puede necesitar un alumno para superar todas las materias, la solución más sencilla es echarlo para adelante, que salga pronto del sistema: que apruebe los cursos con suspensos y que titule en bachillerato con materias pendientes. Es un mensaje desmoralizador que tendrá efectos colaterales en los alumnos sin dificultades pero sin ganas. Increíble.

Y ya fuera del decálogo, el español debe ser la lengua vehicular en el Estado. Todos lo sabemos. La causa de esta enmienda de última hora es evidente: se hipoteca nuestra cohesión para conseguir objetivos políticos inmediatos.

Escribo todo esto con dolor, no con sarcasmo ni con ganas de mantener la ley anterior, que era una catástrofe.  Me duele porque es una gran oportunidad perdida. De nuevo tropezamos en la misma piedra, de nuevo la escuela hará lo que pueda con lo que le manden, de nuevo inauguramos una ley educativa entre rifirrafes, marcada desde la cuna, ajena a lo que está pasando en las clases. Cuánto lo siento. Qué decepción.