¡YA ESTÁ BIEN!

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha dado a conocer  un “informe” que somete al escarnio público a toda la profesión docente, con el objetivo de cambiar los criterios de ordenación de las listas de interinos y así justificar nuevos recortes en derechos laborales y profesionales de los docentes.

Es injustificable que una administración educativa se atreva a abrir una polémica que desacredita al conjunto del profesorado únicamente para lanzar una cortina de humo sobre su verdadera pretensión: continuar con la escalada de recortes en Educación y en los servicios públicos esenciales. La redacción de este informe y el modo de publicarlo – en la prensa-  desacreditan a la totalidad del profesorado. Me parece que constituye un agravio sin precedentes, más injustificado aún cuando los españoles han demostrado su confianza en el profesorado en la última encuesta del CIS.Una vez más, los políticos diluyen en una polémica lo que deberían abordar con el mayor rigor y seriedad: la mejora de la educación en España, que es una verdadera prioridad y un asunto de Estado y no de partidos. 

Desde hace unos años asistimos con doloroso estupor al proceso de acoso y derribo del profesorado de la enseñanza pública: cuando hubo que justificar recortes en el gasto público se nos llamó privilegiados, como al resto de los funcionarios; cuando quisieron despedir a un número sustancial de profesores interinos, se aumentó el horario lectivo y se nos llamó vagos; ahora, cuando quieren ahorrarse el devengo de retribuciones de los interinos con más años de experiencia, se nos presenta como incompetentes. El impacto mediático de este “informe” y el efecto demoledor que ejerce sobre el prestigio de todos los docentes - incluidos los de la red privada y concertada, y los de las Facultades de Formación del Profesorado- trasladan a la sociedad mensajes corrosivos y siembran inquietud en las familias. La sociedad debe saber que sus hijos están en buenas manos, que los profesionales de la educación son competentes y dignos de confianza, y que el fin último de esta campaña es precarizar el empleo público docente en beneficio de otros intereses.

Llevamos mucho tiempo reivindicando una verdadera reforma educativa, pero estos parches y medidas aisladas, sin ninguna visión de Estado, nos alejan cada vez más de ese objetivo. Nos encontramos inmersos en un nuevo proceso de reforma, es decir en una nueva oportunidad de mejorar la educación, pero en vez de un cambio profundo del modelo y estructura, nos encontramos con modificaciones de desigual calado sobre la legislación actual; en vez de medidas de calidad, seguimos estableciendo caminos sin retorno. En vez de vertebrar la educación en todo el Estado,  aumentan las desigualdades entre los territorios de manera que el sistema educativo español está alcanzando las mayores cotas de desvertebración y disgregación de su historia. Y en vez de establecer una verdadera política del profesorado, los poderes públicos someten a los docentes a un descrédito vergonzoso e irresponsable. Las únicas medidas claras y diáfanas de la LOMCE son las que perjudican a la enseñanza pública. Quienes tienen la responsabilidad política de mejorar la calidad de la educación deben asumir de una vez, con seriedad y con competencia, ese reto.  Necesitamos planteamientos rigurosos; verdadera política educativa y no titulares sensacionalistas.

Por supuesto que es imprescindible revisar el diseño de la formación inicial del profesorado, que debe responder a las necesidades didácticas, pedagógicas y de práctica docente. Y por supuesto, una vez definida la formación inicial, debe establecerse un sistema de acceso a la función docente que no puede plantearse de modo aislado ni con improvisaciones, ni puede ser diferente en cada comunidad autónoma sino que debe ser un asunto de Estado e incardinarse en un marco específico: el Estatuto. El acceso debe corresponder a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, contemplar los requerimientos y particularidades de la profesión, equilibrar el valor de la experiencia y establecer una carrera profesional bien diseñada desde el acceso hasta la jubilación. Esto es difícil de hacer, evidentemente. Lo fácil es desacreditar, insultar y despreciar al profesorado; lo fácil es lesionar la confianza de las familias en los profesores de sus hijos. Pero los políticos no están elegidos para hacer lo fácil, y si no saben hacer lo difícil deben ceder el paso.

Las familias españolas pueden confiar en la profesionalidad de los docentes. La ven en el día a día de sus hijos. Solo hace falta recordar con cuánto orgullo quienes ahora nos insultan han presumido de los excelentes resultados de la Comunidad de Madrid en los informes internacionales. En esos resultados, la política no tiene ningún mérito. Son los docentes quienes los consiguen de sus alumnos.

Las propuestas parciales en la política educativa son inconsistentes. Las reformas en el sistema educativo y en la formación y selección de los docentes  deben abordarse desde una perspectiva global y no parcial, con vocación de convertirse en respuestas definitivas. No debe demorarse ni un momento más el proceso negociador de un Estatuto Docente. Ninguna mejora de la educación podrá hacerse de espaldas a la situación del profesorado. Ninguna mejora de la educación será fruto de desacreditar e insultar a la profesión docente.

¡Ya está bien!