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Bienvenidos a esta sala de profesores. Gracias por compartir conmigo las ganas de pensar sobre educación.



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miércoles, 5 de febrero de 2020

El estatuto docente





Se anuncia una nueva reforma educativa. No se anuncia, sin embargo, qué lugar ocuparán los profesores en ella. No estaría nada mal que, de una vez por todas, consiguiéramos imbricar, en la estructura del sistema educativo, la consideración hacia uno de sus protagonistas estelares: el profesorado.

En el marco de estas reformas, más allá de los titulares de prensa, deberíamos escuchar por fin el anuncio de un estatuto docente. ¿Qué significa esto? Pues un marco normativo en el que estarían contempladas las características propias de esta profesión, tan diferente de otras.

Un Estatuto del profesorado:

·   Debería estar presidido por criterios integradores, es decir abarcar a todos los docentes, sea cual sea la comunidad autónoma donde trabajen. No puede ser que tengamos esas diferencias en los sueldos, en las atribuciones, en las posibilidades de formación...

·  Debería contemplar los derechos y deberes del profesorado. Tal vez así evitaríamos las generalizaciones negativas - como esta última polémica del pin parental- que nos hacen tanto daño. Y tal vez así, las familias nos percibirían como lo que somos: profesionales expertos en educación. A día de hoy, una mala praxis individual nos contamina a todos, y eso no ocurre en ninguna otra profesión. Aunque de forma individual cometan errores, no se pierde la confianza en todos los médicos, ni en los pilotos de avión, ni en los comerciantes siquiera. 

·    Debería hablar del acceso a la docencia y promover una carrera docente, es decir establecer criterios para la promoción profesional.

·    Debería vertebrar a los claustros de profesores y facilitar la formación a lo largo de la vida profesional.

No hay reforma educativa, no hay mejora de la calidad, no hay escuelas que funcionen sin profesores.      



viernes, 23 de octubre de 2015

El debate debe volver a la educación


 
 
Cuenta Stefan Zweig que los compañeros de Vasco Núñez de Balboa, cuando llegaron por primera vez al océano Pacífico, bebieron de sus aguas para probar si tenían sabor salado. He utilizado esta imagen en otras ocasiones pero la empleo de nuevo porque el panorama ante el que se encuentra la educación no puede pintarse con una metáfora más acertada. Y porque me emociona pensar en aquellos hombres en busca de las referencias de un nuevo mundo justo cuando mis nuevos alumnos acaban de entrar en clase.

Para definir la complejidad de la educación en España, basta decir que una ley estatal en desarrollo no se aplica en todos los territorios. La LOMCE no está bien hecha: no ha establecido un consenso sobre la mejora del sistema educativo, ni ha satisfecho las demandas ni ha abordado las soluciones a los problemas. El curso ha comenzado con una sociedad dividida por la intervención política, con problemas para la movilidad del alumnado, con los centros desbordados ante la complejidad de las nuevas demandas y escépticos sobre su continuidad, y las familias sujetas a los vaivenes editoriales. La intervención curativa es urgente pero, de momento, vamos a comenzar un nuevo e interminable periodo electoral. Una vez más nos ahogarán las palabras; una vez más puede pasar de largo la hora de actuar.

Volverá a los titulares, seguramente, el debate sobre un pacto por la educación. Sin duda, los mayores retos en política educativa son el acuerdo general básico sobre los requisitos para la mejora de la educación y mantener la estabilidad cuando dicho acuerdo se alcance. Al menos, la generación que este curso inaugura su vida escolar podría decir que ha conocido una sola ley educativa: la buena. Los gestores deben convencerse de que no saldremos de la crisis sin incidir en la formación de la gente joven, y solamente puede tener éxito con acuerdos entre todos.

Por otro lado, nunca fue más cierto que ahora el aforismo de que educa la tribu entera. Tenemos que convencernos de que la educación implica a todos - familias, escuela, intelectuales, medios de comunicación - porque esta recesión no es lineal, sino que tiene forma de matrioskas. ¿Recuerdan a esas muñecas rusas? Nosotros nos parecemos hoy a ellas.  Escondemos dentro de la crisis económica, la crisis política; dentro de esta, la social y, en el núcleo, una grave crisis moral.  Para remontar, estamos efectuando un viaje difícil, de sacrificio y esfuerzo, del que no saldremos exactamente iguales que entramos y que debemos llevar a cabo de dentro a afuera. No podremos atravesar el desierto para llegar de nuevo al aparente oasis del que partimos, con todos sus espejismos. Nuestro destino deberá ser una sociedad más madura y más justa. Donde fuimos atolondrados, nos tocará ser reflexivos; donde fuimos manirrotos, austeros; donde pasivos, participativos; donde individualistas, solidarios. Hace más de un lustro despertamos del sueño de que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, y la madrugada es dura pero puede ser liberadora. Para conseguirlo, debemos convertirnos en una sociedad educativa.

Entre los muchos espejismos del pasado se encuentra una actitud que ya es intolerable: la que ha confundido la política con la politización y, entre otros desmanes, ha contaminado a la educación con eslóganes de campaña y la ha arrojado al ring de la confrontación partidista. Es verdad que la educación tiene un componente político muy importante porque configura a la sociedad, pero la nuestra ya está configurada en sus líneas maestras: la Declaración de los Derechos Humanos,  la Constitución...  Vivimos en una democracia y la tarea es mejorarla. Lo que tenemos que decidir es si vamos o no a formar a la gente joven en las competencias que necesitan para ser ciudadanos de pleno derecho. Y después, establecer lo que tiene que hacer cada estamento para conseguirlo, en el ámbito del conocimiento, de la cultura, de la sociabilidad y de los valores. Por eso hacen falta acuerdos.

Y es que las cosas han cambiado tanto que ya no se trata de decidir si la escuela va a resignarse ante la oscuridad del futuro o va a preparar a los alumnos para el futuro “tal como debería ser”, según la cosmovisión particular de cada opción política. A los autores de este tremendo presente, ¿quién nos autoriza a diseñar el futuro? La tarea de la educación de hoy es armar a la gente joven con sentido crítico, valores empoderantes, conocimientos profundos sobre el presente y el pasado, y apertura mental para que ellos mismos, en medio de cambios vertiginosos, puedan diseñar el futuro que quieran. Para que entren sin miedo pero con referencias en el océano y así se atrevan a probarlo, a descubrirlo, a darle nombre.

Por eso, a partir de ahora, los debates sobre educación deberán abordar estrictamente la educación. Y tener en cuenta al profesorado.

Es curioso que, en cualquier estudio, el trabajo de campo cobre un protagonismo fundamental, y que a partir de las experiencias obtenidas con él se alcancen conclusiones y se establezcan propuestas. Pues bien, los docentes son quienes realizan el trabajo de campo en educación, quienes saben si funcionan o no las disposiciones teóricas y las normativas.  Si yo afirmo ahora que no hay mayor experto en educación que un docente experto en su aula, ¿se tambalearía alguna institución? Pues bien, lo afirmo. Los profesores saben de educación, es su vocación, su responsabilidad y su trabajo. A ella le dedican la vida entera, no solamente la cantidad establecida de horas laborables. En las reformas que se realicen a partir de ahora habrá que escucharles en primer lugar.

A ver si así somos capaces de devolver al primer plano de la actualidad los asuntos verdaderamente importantes: el abandono escolar, la autoridad y la convivencia, el desfase entre el esfuerzo del profesor y los resultados del alumno – que me parece el primer factor de desmotivación de ambos-, la sociedad de la comunicación y sus retos, para qué necesita la escuela medios y dinero, cómo debe configurarse la autonomía de un centro, qué enseñamos, cómo y por qué, la implicación de las familias, la formación de los futuros profesores... Abandonemos la discusión sobre el número de horas que se pueden impartir y establezcamos las que se deben, con la calidad de la atención a los alumnos como indicador.

Nos toca ser intolerantes a partir de ahora con la politización. Se acabaron las peleas inducidas entre pública y privada, obligatoria y superior, universitaria y profesional, padres y profesores. Ha llegado la hora de la colaboración. Los docentes no quieren ver a la educación convertida en pelota de ese partido de ping-pong autista que ha sido la política hasta hoy. No quieren que se la use como acaparadora de titulares en la campaña electoral para luego ignorarla a la hora de gobernar. No quieren ser trending topics ni vídeos de You Tube sino latidos del corazón de la sociedad a la que sirven.  Y me parece que la propia sociedad comparte estos deseos.

Estamos a punto de ver por primera vez un océano desconocido e inmenso y lo que nos jugamos aparece ya en los titulares del telediario. Es hora de que los debates sobre educación vuelvan a la educación.

 

miércoles, 13 de marzo de 2013

Unas cuantas sombras de la LOMCE. (Parte primera)



Pertenezco a ese grupo de docentes que ha creído siempre en la necesidad de una reforma educativa. Por eso la redacción actual del anteproyecto de la LOMCE es para mí una fuente de profunda preocupación. Y es que una reforma educativa es una intervención de tal calibre en el presente y el futuro de una sociedad que, por obligación, debe tener vocación de perdurabilidad y excelencia.

En el articulado propuesto hasta ahora existen muchas contradicciones y excesivas referencias al presente inmediato que van a convertir el texto en algo anticuado en muy poco tiempo. Esto es así porque se está construyendo una reforma sobre el articulado de la LOE, con lo cual se mantiene la estructura anterior. Es asombroso constatar que el Gobierno, con inusitada fuerza política tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas, ha tomado como punto de partida de la reforma el propio articulado de la LOE, es decir, el modelo que tanto ha criticado y que prometió desterrar en su programa electoral. Esta decisión de modificar la LOE hubiera sido coherente como resultado de un pacto con las demás fuerzas políticas, en aras al necesario consenso; sin embargo resulta incomprensible tomarla por iniciativa propia y para colmo convirtiendo la reforma en un agrio debate. La mayoría de los defectos de la LOMCE, provienen de este punto de partida.

Con esta decisión vamos a perder la oportunidad de establecer un marco de mínimos, global y estable, elaborado a partir de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales, tal como tienen los países punteros en educación. Este marco global podría contener las líneas básicas de actuación: modelo pedagógico, estructura de la ordenación académica, pautas básicas de la evaluación y del acompañamiento del alumnado, garantías de aprendizaje y modos de titulación, objetivos mínimos, bases del funcionamiento de los centros y compromiso de financiación. De este marco – la ley orgánica- derivarían todos aquellos aspectos susceptibles de constante actualización: los contenidos curriculares mínimos y máximos, el número de días lectivos, la descripción de materias y modalidades, el establecimiento de evaluaciones… La política del profesorado estaría contemplada en un marco propio que abarcara todo el espectro de la docencia, desde la formación, el acceso, la carrera profesional, hasta la jubilación, contemplando además un código deontológico que permitiera la autorregulación profesional. Esta manera de proceder podría garantizar la estabilidad del sistema educativo que tanto necesitamos, y hacerla compatible con la imprescindible actualización.

Pero ciñéndome al documento, encuentro en el anteproyecto de la LOMCE muchas sombras. La primera se refiere a la vertebración del sistema educativo. Comienza por la distribución de competencias para la concreción del currículo. El anteproyecto distribuye funciones de manera poco definida a tres instancias diferentes (Administración general del Estado, administraciones autonómicas y centros educativos), lo cual planteará problemas en la organización de los propios centros y de cara a la movilidad del alumnado y del profesorado. Esta medida podría además afectar incluso a la programación general de la enseñanza y producir asimetrías y desigualdades entre las comunidades autónomas y los propios centros.

La cohesión del sistema educativo constituye una responsabilidad obligatoria del Ministerio de Educación. Sin embargo, en el anteproyecto esa responsabilidad va a recaer principalmente en las pruebas de evaluación. Es una decisión arriesgada y, si no estuviéramos hablando de algo tan grave, me atrevería a decir que un poco ingenua. Con esta vertebración a posteriori, las pruebas de evaluación pueden terminar equiparándose a cualquier otro examen de los que se preparan en tiempo récord, con el único objetivo de ser aprobados, algo así como el teórico del carnet de conducir. Mientras tanto, el currículo escolar se va a dispersar y multiplicar hasta el infinito en cada comunidad autónoma y en cada centro educativo. A esta dispersión puede contribuir también la distinción entre materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica. La suma de esta distribución de competencias y esta apertura del currículo básico puede derivar en la mayor atomización del sistema educativo español en toda su historia. La mera existencia de esta posibilidad es ya un error grave.

Por otro lado, la definición de las materias puede convertir a la  Música, la Educación Plástica, la Tecnología, y Cultura clásica en optativas durante todo el proceso de escolarización de un alumno por lo cual cabe la posibilidad de que algunos no las reciban nunca. ¿Podemos permitirnos ese desprecio?

(Continuará)

lunes, 14 de enero de 2013

UN BAÑO DE REALIDAD





Hace apenas unos días he podido comprobar directamente algo que me preocupaba sospechar: la reforma educativa se está gestando de espaldas a la realidad de las aulas, a la naturaleza del trabajo docente y a la especificidad del aprendizaje académico. Se me contestará que todas las reformas se han elaborado hasta ahora en despachos; entonces esta vez tal vez más que nunca.
Por la naturaleza del trabajo que desempeño en ANPE desde hace varios años, he tenido la oportunidad de realizar aportaciones a la LOCE y la LOE. Pues bien, los equipos responsables de la configuración de esas dos leyes escuchaban las propuestas argumentadas, aunque tenerlas o no en cuenta fuese criterio libre de su voluntad legisladora. Pero no eran simplemente gestores con voluntad de diálogo: eran personas que reconocían la complejidad del mundo educativo. Ahora no es así. Lamento mucho escribir esto porque me parece una circunstancia dolorosa para todos, algo que quienes pedíamos una reforma con acuerdo y voluntad de futuro no hubiésemos deseado jamás.

Uno de los problemas de la LOMCE es la absoluta separación entre los objetivos y fines de los diversos borradores del anteproyecto y el marco de recortes en el que está inmersa la educación en España. El desapego de la realidad es la causa de que estos borradores contengan tantas lagunas y contradicciones internas. Por supuesto, si no se reconoce el panorama general, no se ve tampoco el impacto que estos recortes tienen para la enseñanza pública ni se entiende que esta red – que debe ser prioritaria para la administración, obligada a ejercer su patronazgo - precise de una protección especial.

El pasado mes de diciembre presentamos en ANPE una encuesta realizada sin grandes pretensiones previas, pero que a través de los medios digitales y las entrevistas personales ha resultado contener la opinión de diez mil docentes. De diez mil once, concretamente, en el momento de cerrarla para su tabulación. Sus resultados son un baño de realidad, y sin entender lo que significan no puede entenderse tampoco la indiferencia e incluso la desmotivación del profesorado ante la nueva reforma educativa. Porque, por ejemplo, si un instituto de FP, cuyo equipo directivo y claustro trabajan desde hace más de una década por la mejora de la calidad, ve cancelada su única modalidad de bachillerato y se encuentra con la pesadilla de informar a los alumnos y familias de la ruptura del proceso escolarizador en una etapa tan delicada como esa, ¿cómo se va a creer ese claustro lo de la especialización curricular? ¡Si ayer la tenían y se esforzaban por incrementarla y hoy se la han quitado!

Este es un ejemplo real, de la comunidad de Madrid, pero es extrapolable a cualquier centro público. Según los datos que hemos recabado un 73’7% del profesorado ha visto aumentada su jornada lectiva;  ha disminuido el número de profesores en un 83’1% de los centros; ha aumentado el número de alumnos por clase para casi el 70% de los profesores; para el 76’7% de los centros se han reducido apoyos, refuerzos y desdobles. ¿Qué mejora puede resultar de estas cifras? ¿Quién va a tomar en serio ese documento que habla de implantar programas de calidad, TICs, idiomas, atención individualizada…?

La mayoría de los docentes que han querido dejar su opinión en esta encuesta afirman que el aumento de la jornada lectiva y la ratio está perjudicando precisamente la atención individualizada a sus alumnos, y produciéndoles a ellos un fuerte desgaste físico y psíquico. Dicen también que las reducciones de personal y la no sustitución de las bajas perjudica seriamente a la organización de los centros; que la pérdida de derechos retributivos y laborales es grave y afecta a la motivación profesional; que se está lesionando una vez más la consideración social de la profesión docente; y que la principal perjudicada por los recortes es la enseñanza pública. Aún así, para casi el 93% de los encuestados, la mayor preocupación es cómo afectarán estas circunstancias al futuro de los alumnos y de la sociedad.
La encuesta completa está en la página www.anpe.es y merece la pena conocerla. Es la opinión de un número importante de profesores, mayor que el campo de muchas de las encuestas del CIS. El Ministerio de Educación debe conocerla también, escucharla con tranquilidad sin reaccionar a la defensiva contra estas voces, porque la LOMCE necesita urgentemente un baño de realidad. Todavía estamos a tiempo de conseguirlo, no hay nada cerrado aún y los únicos que deben cerrarse son los recortes. Necesitamos imperiosamente acertar con la reforma educativa, acertar todos. Necesitamos que el Gobierno intervenga sobre el sistema educativo con acierto, con prudencia, con generosidad, valorando lo que funciona aquí – en Valladolid o en Logroño- y no solamente lo que funciona en Helsinki. Necesitamos que se escuche a los profesores que son quienes deben creerse esta reforma para poder aplicarla. Porque la LOMCE nunca será lo que los despachos quieran; será lo que quiera la comunidad educativa.

Artículo escrito para la revista Escuela.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

LA REFORMA





El Ministerio de Educación ha presentado al Consejo de Ministros un documento sobre la reforma que, en contradicción con lo expuesto en su preámbulo, no ha sido debatido con la comunidad educativa.   

Lo curioso es que la reforma es necesaria, pero no puede ser la que ahora le toca a este Gobierno, una reforma de paso en espera de lo que pueda suceder mañana.  Si se proponen cambios en el modelo y estructura del sistema educativo, en las condiciones laborales del profesorado y en la organización de los centros, hay que partir de un acuerdo de mínimos que implique a la comunidad educativa, agentes sociales y administración. 

Los recortes sin tregua hacen imprescindible además una memoria económica con financiación suficiente para garantizar la viabilidad de los objetivos de calidad que propone este anteproyecto. Es incongruente que se hable de atención más individualizada, de otorgar importancia a la expresión oral en la clase de inglés o de favorecer el uso de las TIC mientras se recortan plantillas de profesores y se aumenta el número de alumnos por aula.   La calidad es incompatible con las últimas medidas de recortes adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas.

En cuanto a los aspectos concretos de la reforma, en una primera valoración es necesario señalar:

La vertebración del sistema educativo. Garantizar las enseñanzas comunes en todo el Estado es hoy casi una cuestión de supervivencia. El anteproyecto aumenta sustancialmente los porcentajes destinados a las materias comunes, pero con los porcentajes de la ley actual había ya suficiente garantía de vertebración si se cumplieran. Además de los contenidos curriculares, la vertebración debe abarcar también a la política del profesorado: el carácter estatal de los cuerpos docentes, la formación inicial de los futuros profesores, el acceso a la docencia, la oferta de empleo público... No podemos seguir aumentando las diferencias entre las comunidades autónomas, como no debemos ahondar en las diferencias entre la red pública y la privada. 

En cuanto a la estructura del sistema educativo, Todos sabemos de la necesidad de flexibilizar la estructura de la enseñanza secundaria y de otorgar mayor importancia a la formación  profesional.
El anteproyecto modifica la estructura de la enseñanza secundaria al convertir 4º de ESO en un curso con dos opciones diferenciadas: enseñanzas académicas y profesionales, que  deberán ser completamente permeables y flexibles. Establecer una formación profesional básica que no conduzca a la consecución del graduado en ESO es abrir una vía muerta. Así no vamos a solucionar la falta de motivación que conduce al abandono escolar.  Por tanto debe garantizarse para todos aquellos que superen la formación profesional básica una vía inmediata de acceso a la consecución de la titulación mínima que les permita seguir progresando en el sistema educativo y no solamente a través de la vía de la formación profesional. Es imprescindible además abrir el mayor número de ciclos formativos, y profundizar más en las posibilidades de la FP dual.

Uno de los puntos novedosos de este anteproyecto es la presencia de evaluaciones obligatorias en diversos tramos del sistema educativo. El resultado de las evaluaciones debe considerarse un diagnóstico para intervenir en las necesidades del sistema educativo y estar asociado a las acciones de refuerzo o de modificación de las prácticas educativas que sean necesarias, puesto que debe seguir teniendo peso específico la evaluación continua.

El anteproyecto contiene un controvertido punto que modifica sustancialmente las condiciones laborales y de movilidad del profesorado: la reasignación de los efectivos docentesUna reforma educativa no puede suponer ni una remoción ni una reconversión encubierta de los puestos docentes, al igual que la profundización en las materias instrumentales no puede suponer de ninguna manera perjuicios para los profesores especialistas. La flexibilidad curricular puede permitir que se profundice en las materias instrumentales sin perjudicar a las plantillas de los centros ni reconvertir al ya muy castigado personal docente. 

Es imperativa la negociación.  No prosperará ninguna reforma que se haga de espaldas a los docentes y que contribuya a aumentar el sentimiento de indefensión del profesorado ante la pérdida actual de derechos laborales.

¿Es oportuna la reforma ahora, en mitad del temporal? ¿Se la creerán los profesores, sin los cuales no podrá llevarse a cabo? Hay demasiadas dudas, mucha ideologización en algunas propuestas, ausencia de compromisos contraídos en el programa electoral - como el bachillerato de tres años- poco consenso y ningún dinero.  

Qué pena aquella ocasión perdida del pacto por la educación.



jueves, 26 de enero de 2012

Oposiciones


El resultado de la Conferencia Sectorial de Educación muestra por segundo año consecutivo y a pesar del vuelco político, un espectro dividido de comunidades autónomas que van a convocar oferta de empleo de manera irregular, sin aunar criterios y creando serios agravios comparativos entre los aspirantes.

Sin embargo, es imprescindible que en educación consigamos
- Aumentar la dotación de recursos humanos como factor esencial de calidad para lograr la mejora del rendimiento escolar.
- Transformar el empleo precario en empleo fijo para asegurar la estabilidad de las plantillas.
- Ajustar las plantillas a las necesidades de especialización de los Cuerpos docentes.

Las limitaciones que establece la Ley de Presupuestos del Estado referidas a la tasa de reposición de efectivos no tienen en cuenta que la educación es un servicio esencial, y que las jubilaciones ordinarias y las anticipadas que han finalizado este año requieren cubrir un mayor número de plazas que en los años precedentes.
 Los propios políticos reconocen que no se trata de ahorrar porque los sueldos se pagan a interinos y funcionarios. Entonces, ¿cuál puede ser el motivo para mantener la precariedad?

Es sencillo. Si no se convocan plazas de empleo público docente puede desaparecer el empleo de un gran número de profesores interinos con los ajustes presupuestarios que se están llevando a cabo en la mayoría de las comunidades autónomas. Este efecto hemos podido presenciarlo ya de manera dramática durante el último curso. El profesorado interino está en grave riesgo de perder el puesto de trabajo si se siguen produciendo recortes en Educación. El único motivo para mantener la precariedad es, seguramente, facilitar el despido.

 Además, la falta de oposiciones garantiza la desmotivación del colectivo - ni siquiera entrarán nuevos profesores interinos - la continuidad de la precariedad laboral y la falta de futuro para miles de titulados universitarios. Además, dificultará avances en la calidad del sistema educativo, entre otros los anunciados por el Gobierno en relación a la regulación de un nuevo sistema de acceso a la función docente.

Las administraciones educativas deben ofertar el mayor número de plazas posible e informar de sus previsiones cuanto antes, ya que es inconcebible que los futuros opositores, en fase activa y decisiva de preparación, no conozcan aún la oferta de empleo público de su comunidad autónoma. Además, la oferta debe publicarse en todas las comunidades para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los desequilibrios que surgirán si unos territorios convocan oposiciones y otros no.

Y el Ministerio de Educación debe coordinar el proceso en todo el Estado, unificar criterios de interpretación legislativa y fomentar la oferta de empleo público entre todas las administraciones educativas. Es lo que le corresponde.