Pertenezco a ese grupo de docentes que ha creído
siempre en la necesidad de una reforma educativa. Por eso la redacción actual
del anteproyecto de la LOMCE es para mí una fuente de profunda preocupación. Y
es que una reforma educativa es una
intervención de tal calibre en el presente y el futuro de una sociedad que,
por obligación, debe tener vocación de perdurabilidad y excelencia.
En el articulado propuesto hasta ahora existen muchas
contradicciones y excesivas referencias al presente inmediato que van a
convertir el texto en algo anticuado en muy poco tiempo. Esto es así porque se
está construyendo una reforma sobre el articulado de la LOE, con lo cual se
mantiene la estructura anterior. Es asombroso constatar que el Gobierno, con inusitada
fuerza política tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas, ha
tomado como punto de partida de la reforma el propio articulado de la LOE, es
decir, el modelo que tanto ha criticado y que prometió desterrar en su
programa electoral. Esta decisión de modificar la LOE hubiera sido coherente
como resultado de un pacto con las demás fuerzas políticas, en aras al necesario consenso; sin embargo resulta incomprensible
tomarla por iniciativa propia y para colmo convirtiendo la reforma en un agrio debate. La mayoría de los defectos de la LOMCE,
provienen de este punto de partida.
Con esta decisión vamos a perder la oportunidad de
establecer un marco de
mínimos, global y estable, elaborado a partir de un pacto
entre las fuerzas políticas y sociales, tal como tienen los países punteros en
educación. Este marco global podría contener las líneas básicas de actuación:
modelo pedagógico, estructura de la ordenación académica, pautas básicas de la
evaluación y del acompañamiento del alumnado, garantías de aprendizaje y modos
de titulación, objetivos mínimos, bases del funcionamiento de los centros y
compromiso de financiación. De este marco – la ley orgánica- derivarían todos aquellos
aspectos susceptibles de constante actualización: los
contenidos curriculares mínimos y máximos, el número de días lectivos, la
descripción de materias y modalidades, el establecimiento de evaluaciones… La política del profesorado estaría contemplada en un marco propio
que abarcara todo el espectro de la docencia, desde la formación, el acceso, la
carrera profesional, hasta la jubilación, contemplando además un código
deontológico que permitiera la autorregulación profesional. Esta manera de
proceder podría garantizar la estabilidad del sistema educativo que tanto
necesitamos, y hacerla compatible con la imprescindible actualización.
Pero ciñéndome al documento, encuentro en el
anteproyecto de la LOMCE muchas sombras. La primera se refiere a la vertebración del sistema educativo.
Comienza por la distribución
de competencias para
la concreción del currículo. El anteproyecto distribuye funciones de manera
poco definida a tres instancias diferentes (Administración general del Estado,
administraciones autonómicas y centros educativos), lo cual planteará problemas
en la organización de los propios centros y de cara a la movilidad del alumnado
y del profesorado. Esta medida podría además afectar incluso a la
programación general de la enseñanza y producir asimetrías y desigualdades
entre las comunidades autónomas y los propios centros.
La cohesión del sistema educativo constituye una
responsabilidad obligatoria del Ministerio de Educación. Sin embargo, en el
anteproyecto esa responsabilidad va a recaer principalmente en las pruebas de
evaluación. Es una decisión arriesgada y, si no estuviéramos hablando de algo
tan grave, me atrevería a decir que un poco ingenua. Con esta vertebración a posteriori,
las pruebas de evaluación pueden terminar equiparándose a cualquier otro examen
de los que se preparan en tiempo récord, con el único objetivo de ser
aprobados, algo así como el teórico del carnet de conducir. Mientras
tanto, el currículo escolar se va a dispersar y multiplicar hasta el infinito
en cada comunidad autónoma y en cada centro educativo. A esta dispersión puede
contribuir también la distinción entre materias troncales, específicas y de
libre configuración autonómica. La suma de esta distribución de competencias y
esta apertura del currículo básico puede derivar en la mayor atomización del
sistema educativo español en toda su historia. La mera existencia de esta
posibilidad es ya un error grave.
Por otro lado, la definición de las materias puede
convertir a la Música,
la Educación Plástica, la Tecnología, y Cultura clásica en optativas durante
todo el proceso de escolarización de un alumno por lo cual cabe la posibilidad
de que algunos no las reciban nunca. ¿Podemos permitirnos ese desprecio?
(Continuará)
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