"Y todo el esfuerzo que me pides, ¿para qué?"

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado la inclusión del despilfarro de los bienes públicos como delito en el Código Penal, y lo ha argumentado en que los derroches de ayer están asfixiando hoy a los servicios esenciales: la Educación y la Sanidad.

He agradecido mucho a la señora Cava de Llano su firmeza frente a la pereza y la banalidad con que la mayoría de los españoles presenciamos ese guiñol carpetovetónico titulado: “Pero, ¿en qué se nos fue el dinero?”. Y es que nos estamos acostumbrando a ver la cabecera de los informativos como si fuera una de aquellas viejas películas de timadores de Tony Leblanc y Mariano Ozores, pero esta vez con el dinero de nuestros impuestos, de nuestros sueldos, de las prestaciones por desempleo y de las conquistas sociales.

La crisis está siendo amarga para la Educación. La enseñanza pública sufre brutales recortes en el número de profesores y en las retribuciones. Por segundo año consecutivo se congelan las oposiciones y surgen los temibles efectos colaterales de esta decisión: el aumento del desempleo por un lado y la vulnerabilidad del colectivo de interinos por otro.

Está por ver cómo sufrirán las retribuciones de los funcionarios durante ese “General Invierno” que se presagia para los próximos presupuestos generales del Estado.  Vamos a volver a la casilla de salida en las condiciones laborales que la negociación sindical mejoró en los últimos años: permisos, sustituciones, licencias, complementos retributivos…  Y a las familias se les venderán hasta la saciedad los beneficios de la enseñanza privada, con escasos resultados seguramente porque la crisis está afectando mucho a los bolsillos. Tanto que ya no hay espacio para la discusión entre las dos redes con la que nos gustaba perder el tiempo tontamente, en lugar de aunar esfuerzos.

De hecho, el propio Gobierno comprenderá enseguida que la dureza de los ajustes presupuestarios no es compatible con las modificaciones de calado en el sistema educativo. El Ministro tendrá que escoger entre recortes o reformas.

Entre todos tenemos que marcar un orden de prioridades sensato. No pueden tratarse de igual manera los recursos materiales y los recursos humanos, y si bien hay gastos que pueden suprimirse, los profesores y los programas educativos no.

En mi opinión no podemos consentir recortes en educación antes que en las partidas suntuarias porque “la gente” es nuestro recurso natural, y la educación, nuestra herramienta básica.

Tenemos que establecer un criterio de plantillas óptimas para los centros, de manera individualizada, porque no se puede mejorar el sistema educativo con más alumnos y menos profesores.

Deben convocarse oposiciones para cubrir las vacantes, estabilizar las plantillas, dar salida a los titulados universitarios y reducir el porcentaje de profesorado interino. De hecho, aumentando la precariedad será difícil plantear un nuevo sistema de acceso.

Deben mantenerse los programas educativos que garantizan la igualdad de oportunidades, piedra angular de nuestra estructura social. Es una locura que, por ejemplo, una comunidad como Baleares, cabeza de ranking en fracaso escolar, suprima los programas PROA.

Estas prioridades han de establecerse cuanto antes porque la enseñanza pública sigue cumpliendo la función social que está en su propia esencia y no puede perder. Los docentes tenemos que seguir trabajando con ganas por ella y por el futuro del alumnado y mirar a esta crisis como una oportunidad. Me preocupa mucho la desmotivación que empieza a cundir en los centros, como reflejo de la social. Es un peligro muy grave porque el pesimismo podría derrotarnos como un virus, desde dentro.

Habrá futuro y allí estaremos los profesores de la enseñanza pública. Con el cinturón apretado, como siempre; luchando, como siempre; convencidos y llenos de vocación, como siempre.

Pero no soy ilusa. A día de hoy, me preocupa qué puede responder un profesor al alumno que le pregunta: “Y todo el esfuerzo que me pides, ¿para qué?”

Por supuesto, hay una respuesta personal, ética. Y, aunque no sea fácil en una situación como esta, la apuesta por la formación siempre es acertada y facilita las oportunidades.

Pero en realidad esta pregunta nos la estamos haciendo todos y va dirigida a la gestión política. Quienes deben contestar están ya elegidos. La respuesta debe ser efectiva socialmente y moralmente ejemplar. Solamente así comprenderemos por qué nuestra aportación a la salida de la crisis, como ciudadanos, tiene que consistir en un sacrificio del bienestar conseguido hasta ahora.