La Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid ha dado a conocer un “informe”
que somete al escarnio público a toda la profesión docente, con el objetivo de
cambiar los criterios de ordenación de las listas de interinos y así justificar
nuevos recortes en derechos laborales y profesionales de los docentes.
Es injustificable que una administración educativa
se atreva a abrir una polémica que desacredita al conjunto del profesorado
únicamente para lanzar una cortina de humo sobre su verdadera pretensión:
continuar con la escalada de recortes en Educación y en los servicios públicos
esenciales. La redacción de este informe y el modo de publicarlo – en la
prensa- desacreditan a la totalidad del
profesorado. Me parece que constituye un agravio sin precedentes, más
injustificado aún cuando los españoles han demostrado su confianza en el
profesorado en la última encuesta del CIS.Una vez más, los políticos diluyen en una polémica
lo que deberían abordar con el mayor rigor y seriedad: la mejora de la educación
en España, que es una verdadera prioridad y un asunto de Estado y no de
partidos.
Desde hace unos años asistimos con doloroso estupor al proceso de
acoso y derribo del profesorado de la enseñanza pública: cuando hubo que
justificar recortes en el gasto público se nos llamó privilegiados, como al
resto de los funcionarios; cuando quisieron despedir a un número sustancial de
profesores interinos, se aumentó el horario lectivo y se nos llamó vagos;
ahora, cuando quieren ahorrarse el devengo de retribuciones de los interinos
con más años de experiencia, se nos presenta como incompetentes. El impacto
mediático de este “informe” y el efecto demoledor que ejerce sobre el prestigio
de todos los docentes - incluidos los de la red privada y concertada, y los de
las Facultades de Formación del Profesorado- trasladan a la sociedad mensajes
corrosivos y siembran inquietud en las familias. La sociedad debe saber que sus
hijos están en buenas manos, que los profesionales de la educación son
competentes y dignos de confianza, y que el fin último de esta campaña es
precarizar el empleo público docente en beneficio de otros intereses.
Llevamos mucho tiempo reivindicando una verdadera
reforma educativa, pero estos parches y medidas aisladas, sin ninguna visión de
Estado, nos alejan cada vez más de ese objetivo. Nos encontramos inmersos en un
nuevo proceso de reforma, es decir en una nueva oportunidad de mejorar la
educación, pero en vez de un cambio profundo del modelo y estructura, nos
encontramos con modificaciones de desigual calado sobre la legislación actual;
en vez de medidas de calidad, seguimos estableciendo caminos sin retorno. En
vez de vertebrar la educación en todo el Estado, aumentan las desigualdades entre los
territorios de manera que el sistema educativo español está alcanzando las
mayores cotas de desvertebración y disgregación de su historia. Y en vez de
establecer una verdadera política del profesorado, los poderes públicos someten
a los docentes a un descrédito vergonzoso e irresponsable. Las únicas medidas
claras y diáfanas de la LOMCE son las que perjudican a la enseñanza pública.
Quienes tienen la responsabilidad política de mejorar la calidad de la
educación deben asumir de una vez, con seriedad y con competencia, ese
reto. Necesitamos planteamientos
rigurosos; verdadera política educativa y no titulares sensacionalistas.
Por supuesto que es imprescindible revisar el diseño de la formación
inicial del profesorado, que debe responder a las necesidades didácticas,
pedagógicas y de práctica docente. Y por supuesto, una vez definida la
formación inicial, debe establecerse un sistema de acceso a la función docente
que no puede plantearse de modo aislado ni con improvisaciones, ni puede ser
diferente en cada comunidad autónoma sino que debe ser un asunto de Estado e
incardinarse en un marco específico: el Estatuto. El acceso debe corresponder a
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, contemplar los
requerimientos y particularidades de la profesión, equilibrar el valor de la
experiencia y establecer una carrera profesional bien diseñada desde el acceso
hasta la jubilación. Esto es difícil de hacer, evidentemente. Lo fácil es
desacreditar, insultar y despreciar al profesorado; lo fácil es lesionar la
confianza de las familias en los profesores de sus hijos. Pero los políticos no
están elegidos para hacer lo fácil, y si no saben hacer lo difícil deben ceder
el paso.
Las familias españolas pueden confiar en la profesionalidad de los
docentes. La ven en el día a día de sus hijos. Solo hace falta recordar con
cuánto orgullo quienes ahora nos insultan han presumido de los excelentes
resultados de la Comunidad de Madrid en los informes internacionales. En esos
resultados, la política no tiene ningún mérito. Son los docentes quienes los
consiguen de sus alumnos.
Las propuestas parciales en la política educativa son inconsistentes. Las
reformas en el sistema educativo y en la formación y selección de los
docentes deben abordarse desde una
perspectiva global y no parcial, con vocación de convertirse en respuestas
definitivas. No debe demorarse ni un momento más el proceso negociador de un Estatuto
Docente. Ninguna mejora de la educación podrá hacerse de espaldas a la
situación del profesorado. Ninguna mejora de la educación será fruto de
desacreditar e insultar a la profesión docente.
¡Ya está bien!
