Desde que el Estado señaló la
cifra del 10% como tasa de reposición de efectivos docentes, la oferta de
empleo público ha bajado hasta mínimos que ya, en muchas comunidades autónomas,
equivalen a la desaparición. No se convocan apenas oposiciones a los Cuerpos
Docentes, es un hecho.
El mecanismo es perverso: el Gobierno, con una ligereza
inusitada y una falta de visión de futuro preocupante, no permite reponer nada más
que una de cada diez vacantes del profesorado producidas por las jubilaciones,
los traslados o los abandonos. Este 10% de la tasa de reposición es un
porcentaje tan exiguo que no puede cubrir las necesidades mínimas del sistema
educativo: ajustar las plantillas, renovar los efectivos y cubrir las vacantes.
La mayoría de las comunidades autónomas afirman que para eso, nada y acumulan
las plazas en una hipotética “buena oferta” posterior que permanece hasta ahora
en el ámbito de los deseos.
Mientras tanto, la realidad de los centros y la
legislación vigente obliga a cubrir las otras nueve vacantes, por supuesto, y
el sistema se satura de profesorado interino, un colectivo necesario en su
medida justa pero, no lo olvidemos, vulnerable y en situación de precariedad
laboral, cuya legítima aspiración es consolidar su empleo y por eso se acercó a
la función pública.
Desde que no se convoca suficiente oferta de empleo público
docente, en comunidades autónomas como Extremadura, por ejemplo, se ha
duplicado la tasa de interinidad. En Cantabria hay centros educativos en los
que cada año toda la plantilla es completamente nueva y algún profesor me ha
llegado a decir: “el primer día no sabemos ni siquiera dónde se encienden las
luces.” ¿Es compatible esta situación con la promulgación y desarrollo de una
ley que lleva en su título las palabras “mejora de la calidad”? Cuando las
palabras “calidad educativa” llenan la boca de los responsables políticos y los
titulares de prensa, hay que decir alto y claro que sin una amplia oferta de
empleo público docente no hay calidad educativa posible.
Ante el hecho de que no se están
convocando oposiciones en muchas comunidades autónomas, conviene hacerse
algunas preguntas: ¿Supone esto un ahorro para la administración en momentos de
obligado control del gasto público? No. Siguiendo
la Directiva
1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, los
funcionarios interinos tienen que percibir las mismas retribuciones (sueldo,
trienios, sexenios, complementos…) que los funcionarios de carrera y las plazas
de docencia directa se tienen que cubrir para atender la demanda educativa. No
hay diferencias económicas entre convocar y ejecutar oferta de empleo o seguir
con interinos. Lo que hay es más empleos precarios y menos derechos,
sencillamente.
Otra pregunta: ¿Merece la pena
convocar oposiciones cuando se pueden ofertar tan pocas plazas? Claro que sí, aunque
me consta que los representantes del profesorado a veces caemos en el error de firmar
la no convocatoria. En primer lugar porque las personas que accedan a la función
pública, sean las que sean, lograrán consolidar su empleo en momentos tan
difíciles como estos; en segundo lugar porque no es de recibo que las administraciones
autonómicas, a las que le viene de perlas ahorrarse los problemas técnicos de
cada convocatoria, ignoren directrices de Estado ante el silencio de un
Ministerio poco capaz de liderar y coordinar el marco de su responsabilidad.
Tampoco es razonable la excusa de que se desordenan las listas de interinos
porque, aunque haya que comprender las distintas situaciones del colectivo, lo
que se está jugando el profesorado interino es nada menos que formar parte de
la función pública, una aspiración a la que tiene derecho.
Voces interesadas
parecen alertar a los interinos de los riesgos de convocar pocas plazas y les
animan a aplaudir la falta de convocatoria sin hacerles comprender que
prolongar su situación de precariedad es algo parecido a lo que suele llamarse
“pan para hoy y hambre para mañana”. El profesorado interino debe estar
informado de la auténtica verdad: se está fragilizando el empleo docente a sus
expensas. Los interinos nunca podrán desaparecer porque siempre serán
necesarias las sustituciones, pero debe ser un colectivo cuyo número se ciña a
proporciones razonables para que la mayoría de las plantillas docentes estén
ocupadas por miembros de la función pública. ¿Qué proyecto educativo, qué
sentimiento de pertenencia a un claustro puede desarrollar quien cada nuevo
curso cambia de destino? Y por otro lado, ¿qué garantías de permanencia tienen
hoy los interinos?
Hay otra pregunta más, destinada
al Ministerio de Educación y a las Consejerías: ¿Por qué no se puede gestionar
la educación con sentido común? Es imprescindible que la oferta de empleo
público docente reponga todas las plazas vacantes después de ajustar las
plantillas y sacar todas las plazas a concurso de traslados. Es necesario abrir
una horquilla de máximos y mínimos para la tasa de reposición que permita a las
comunidades autónomas adecuarse a sus distintas realidades. El Ministerio debe
coordinar y liderar la oferta de empleo y velar porque haya oposiciones en
todas las comunidades. Convertir a los docentes en un colectivo más vulnerable
aún es un error que puede costar muy caro al sistema educativo.
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