OPOSICIONES

 

Desde que el Estado señaló la cifra del 10% como tasa de reposición de efectivos docentes, la oferta de empleo público ha bajado hasta mínimos que ya, en muchas comunidades autónomas, equivalen a la desaparición. No se convocan apenas oposiciones a los Cuerpos Docentes, es un hecho.

El mecanismo es perverso: el Gobierno, con una ligereza inusitada y una falta de visión de futuro preocupante, no permite reponer nada más que una de cada diez vacantes del profesorado producidas por las jubilaciones, los traslados o los abandonos. Este 10% de la tasa de reposición es un porcentaje tan exiguo que no puede cubrir las necesidades mínimas del sistema educativo: ajustar las plantillas, renovar los efectivos y cubrir las vacantes. La mayoría de las comunidades autónomas afirman que para eso, nada y acumulan las plazas en una hipotética “buena oferta” posterior que permanece hasta ahora en el ámbito de los deseos.

Mientras tanto, la realidad de los centros y la legislación vigente obliga a cubrir las otras nueve vacantes, por supuesto, y el sistema se satura de profesorado interino, un colectivo necesario en su medida justa pero, no lo olvidemos, vulnerable y en situación de precariedad laboral, cuya legítima aspiración es consolidar su empleo y por eso se acercó a la función pública.

Desde que no se convoca suficiente oferta de empleo público docente, en comunidades autónomas como Extremadura, por ejemplo, se ha duplicado la tasa de interinidad. En Cantabria hay centros educativos en los que cada año toda la plantilla es completamente nueva y algún profesor me ha llegado a decir: “el primer día no sabemos ni siquiera dónde se encienden las luces.” ¿Es compatible esta situación con la promulgación y desarrollo de una ley que lleva en su título las palabras “mejora de la calidad”? Cuando las palabras “calidad educativa” llenan la boca de los responsables políticos y los titulares de prensa, hay que decir alto y claro que sin una amplia oferta de empleo público docente no hay calidad educativa posible.

Ante el hecho de que no se están convocando oposiciones en muchas comunidades autónomas, conviene hacerse algunas preguntas: ¿Supone esto un ahorro para la administración en momentos de obligado control del gasto público? No. Siguiendo la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, los funcionarios interinos tienen que percibir las mismas retribuciones (sueldo, trienios, sexenios, complementos…) que los funcionarios de carrera y las plazas de docencia directa se tienen que cubrir para atender la demanda educativa. No hay diferencias económicas entre convocar y ejecutar oferta de empleo o seguir con interinos. Lo que hay es más empleos precarios y menos derechos, sencillamente.

Otra pregunta: ¿Merece la pena convocar oposiciones cuando se pueden ofertar tan pocas plazas? Claro que sí, aunque me consta que los representantes del profesorado a veces caemos en el error de firmar la no convocatoria. En primer lugar porque las personas que accedan a la función pública, sean las que sean, lograrán consolidar su empleo en momentos tan difíciles como estos; en segundo lugar porque no es de recibo que las administraciones autonómicas, a las que le viene de perlas ahorrarse los problemas técnicos de cada convocatoria, ignoren directrices de Estado ante el silencio de un Ministerio poco capaz de liderar y coordinar el marco de su responsabilidad. Tampoco es razonable la excusa de que se desordenan las listas de interinos porque, aunque haya que comprender las distintas situaciones del colectivo, lo que se está jugando el profesorado interino es nada menos que formar parte de la función pública, una aspiración a la que tiene derecho.

Voces interesadas parecen alertar a los interinos de los riesgos de convocar pocas plazas y les animan a aplaudir la falta de convocatoria sin hacerles comprender que prolongar su situación de precariedad es algo parecido a lo que suele llamarse “pan para hoy y hambre para mañana”. El profesorado interino debe estar informado de la auténtica verdad: se está fragilizando el empleo docente a sus expensas. Los interinos nunca podrán desaparecer porque siempre serán necesarias las sustituciones, pero debe ser un colectivo cuyo número se ciña a proporciones razonables para que la mayoría de las plantillas docentes estén ocupadas por miembros de la función pública. ¿Qué proyecto educativo, qué sentimiento de pertenencia a un claustro puede desarrollar quien cada nuevo curso cambia de destino? Y por otro lado, ¿qué garantías de permanencia tienen hoy los interinos?

Hay otra pregunta más, destinada al Ministerio de Educación y a las Consejerías: ¿Por qué no se puede gestionar la educación con sentido común? Es imprescindible que la oferta de empleo público docente reponga todas las plazas vacantes después de ajustar las plantillas y sacar todas las plazas a concurso de traslados. Es necesario abrir una horquilla de máximos y mínimos para la tasa de reposición que permita a las comunidades autónomas adecuarse a sus distintas realidades. El Ministerio debe coordinar y liderar la oferta de empleo y velar porque haya oposiciones en todas las comunidades. Convertir a los docentes en un colectivo más vulnerable aún es un error que puede costar muy caro al sistema educativo.