Continúo abordando algunos aspectos de la LOMCE desde el punto de vista que defiendo en ANPE.
Respecto a la evaluación
y promoción, se sigue promocionando en Secundaria con dos
materias suspensas, y excepcionalmente con tres, como siempre. La evaluación final de la ESO
se puede llevar a cabo con tres materias suspensas. Todos los docentes sabemos que la verdadera evaluación, la más certera cuando es rigurosa, es la evaluación continua, acompañada de medidas inmediatas de refuerzo. Hay un limbo en el caso de los alumnos que aprueben el cuarto curso de la ESO y suspendan la prueba de evaluación. Quedarán sin título de Graduado. El último borrador apunta que se establecerán medidas. ¿Cuáles? ¿Las clásicas repescas?
En la enseñanza primaria, debe revisarse la
transversalidad del currículo. Esto no significa reducir el número de materias,
con el consiguiente daño a las especialidades docentes ya consolidadas, sino
introducir un cambio curricular que priorice, ante todo y en todas las
materias, los conocimientos y aprendizajes relacionados con la lectura, la
escritura, la expresión oral y el cálculo. Deben
definirse claramente qué conocimientos, destrezas y competencias deben estar
afianzadas al final de la enseñanza primaria, puesto que desaparece la
estructura por ciclos.
No pueden mantenerse caminos cerrados en las
diferentes modalidades del cuarto curso de la ESO, sobre todo en la Formación
Profesional Básica, ya que no corresponden a la verdadera flexibilidad que
exige el sistema, ni a la recompensa que debe seguirse de cualquier aumento del
rigor y del esfuerzo. No olvidemos que uno de los factores
desmoralizadores del modelo pedagógico actual es, precisamente, que no hay
metas a las que llegar. Por eso debe garantizarse para todos los alumnos la
posibilidad de la obtención del graduado en ESO para todas las alternativas
dispuestas. Y para asegurar el acompañamiento a cada alumno, la incorporación a
los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el primer ciclo de
la ESO, no debe ser opcional sino obligatoria, para los alumnos que no hayan
alcanzado los objetivos establecidos.
En cuanto a la situación del profesorado:
Aún cuando se han retirado del borrador algunas
medidas muy polémicas, se
mantienen modificaciones sustanciales a las condiciones laborales de los
docentes que
pueden atentar contra derechos adquiridos, y se ignora la existencia de
importantes especialidades docentes como Tecnología, Música o Dibujo relegadas
en el anteproyecto. Tampoco tienen lugar relevante la Cultura Clásica ni la
asignatura de Economía, entre otras, y siguen sin recobrar su peso específico
importantes modalidades de Bachillerato, que estaban muy arraigadas y
respondían a una buena demanda social.
Otro aspecto conflictivo es el concerniente a la función directiva, a
la que se pretende dotar de unas atribuciones que sobrepasan, en mucho, las
requeridas para cumplir con el principio de autonomía pedagógica y organizativa
de los centros. Es una grave responsabilidad para el director establecer
requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal
docente, incluido el de nombrar o rechazar interinos y seleccionar hasta un 20% de la plantilla. Estas
potestades pueden perturbar notablemente el actual sistema de provisión de
vacantes en la función pública docente y, sobre todo, generar una inseguridad
jurídica del funcionariado docente e interino, con un cambio radical en el
estatus profesional.
Todas las cuestiones profesionales
deben salir de la redacción de una ley orgánica e incorporarse al
imprescindible Estatuto
Docente, el cual nunca podrá tener un punto de partida
inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las
últimas décadas. El Estatuto está llamado, entre otras cosas a: desarrollar un sistema de acceso
a la función pública docente más eficiente, acorde con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que valore los criterios de
experiencia y capacitación profesional y permita interesarse por la docencia; establecer la normativa de los
derechos y deberes de los profesores; restituir las condiciones de la
jubilación voluntaria anticipada, con un modelo
propio, tal como han tenido hasta ahora todas las leyes de educación; y establecer una carrera
profesional que permita un sistema de promoción vertical y horizontal
incentivada.
En cuanto a la financiación:
El Gobierno debe
elevar el porcentaje de PIB destinado a la educación, tanto en el Estado como
en las comunidades autónomas y asegurar su mantenimiento mediante una Ley de
financiación. Ahora parece extenderse el discurso de que el aumento de recursos no garantiza la mejora de resultados. Es una afirmación por demostrar. Me hace mucha gracia que utilicemos entonces como modelos a países que han destinado a la educación muchos recursos y durante mucho tiempo.
· Deberá crearse también un fondo
de cohesión para garantizar el equilibrio presupuestario y la solidaridad entre
las comunidades autónomas.
· Es necesaria además la
promulgación de una Ley de Financiación para las enseñanzas profesionales, con
indicación expresa de las responsabilidades de las administraciones públicas,
cámaras de comercio y agentes sociales.
En cuanto a otras medidas:
En ANPE nos oponemos a la educación diferenciada por
sexos en centros sostenidos con fondos públicos, que debe circunscribirse a la
oferta privada. Reivindicamos la
prioridad en dotación de recursos materiales y humanos para los centros de
enseñanza pública que desarrollen ofertas específicas. Tampoco somos partidarios de que
las Administraciones educativas puedan incorporar expertos como profesores
bilingües o plurilingües, por considerarlo inadecuado en el marco de una Ley
Orgánica, y por obviar la realidad de la salida del sistema educativo de más de
cincuenta mil docentes en estos últimos años. ANPE exige igualdad
de criterios en la selección del personal docente.
Los procedimientos de acceso a la función pública deben quedar establecidos
claramente en el Estatuto Docente.
El derecho a usar la lengua común haciéndolo
compatible con las lenguas cooficiales debe ser garantizado por la Administración
del Estado. Reconocemos el derecho que asiste a los padres, pero rechazamos que se
haga a beneficio de los centros privados. La enseñanza
pública debe ser garante del cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades en todo el territorio estatal.
Finalmente, el Anteproyecto establece un carácter competitivo en las acciones encaminadas a la
mejora de la calidad educativa que no compartimos.
ANPE ha elaborado una valoración
crítica del anteproyecto de la LOMCE, acompañada de una batería de propuestas
que han sido presentadas en el Consejo Escolar del Estado y ante el propio
Ministerio de Educación. Abordan
nuestra opinión sobre la previsión de funcionamiento de los Centros, la
selección del profesorado, las competencias de los equipos directivos, el
derecho al uso de la lengua común, el carácter competitivo de algunas medidas,
la política del profesorado… Son
numerosas y pueden abordarse en el coloquio si a ustedes les parece oportuno.
No obstante, quiero dejar bien claro que a pesar de haber realizado una
valoración muy crítica, en un documento en el cual, honestamente, nos ha
costado encontrar puntos fuertes, desde ANPE no estamos exigiendo la retirada
del anteproyecto. Creemos en el diálogo y en las posibilidades de mejora hasta
el último momento. Desde ANPE llevamos años sosteniendo que la educación debe
estar entre los consensos esenciales que necesita España para salir de la grave
crisis institucional y económica en la que estamos instalados pero advertimos
al Gobierno que del camino emprendido hasta ahora, por la forma y el fondo de
estos primeros pasos de la reforma, no puede surgir la verdadera mejora de la
calidad del sistema educativo que reclama toda la sociedad. De no alcanzarse un
acuerdo de mínimos en aquellas cuestiones que son básicas, se habrá perdido una
nueva oportunidad. ANPE mantiene una actitud y una valoración crítica ante el
anteproyecto, pero es una crítica responsable, por ello seguimos abiertos al
diálogo y emplazamos al Ministerio de Educación a abrir una negociación y debate profundo
sobre la reforma educativa. Todavía estamos a tiempo.
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