Pin parental

                                                                                 Móstoles (Madrid), monumento al maestro.

El debate sobre el denominado pin parental- en los términos agresivos y banales en que se está desenvolviendo- constituye una mera irrupción, en mi opinión innoble, de la política en la escuela. Cuando los partidos políticos quieren desviar la atención sobre problemas serios o necesitan titulares para evitar la irrelevancia, meten a la educación por medio, porque la escuela puede con todo, lo aguanta todo. Y mientras tanto sus necesidades verdaderas quedan sin cubrir.

Sin embargo, el asunto es muy importante, determinante para la sociedad, y merecería una reflexión mucho más seria. Porque lo que subyace en el fondo es la pregunta nuclear: qué es la educación y quiénes son sus agentes.

Los hijos están bajo la tutela de los padres, y subsidiariamente, durante el horario escolar, lo están de los profesores, que estamos obligados a mostrar con ellos- lo dice así la ley- la solicitud de un buen padre de familia. 

Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos en sus creencias, y la sociedad tiene el deber de transmitir su herencia cultural, sus usos y costumbres, lo que constituye sus cimientos – en nuestro caso los cimientos de una democracia occidental y un Estado de Derecho-. En España, la transmisión del “modo de empleo de una sociedad del occidente democrático”, la realiza la escuela a partir de las leyes educativas. Cuando hablamos del derecho a la educación nos referimos a eso. Porque eso es educar en lo que compete a la escuela, por eso es obligatoria la educación, por eso no se permite a las familias que impidan a sus hijos, por ejemplo, aprender a leer; por eso es tan importante que las leyes de educación estén bien redactadas y partan de amplios consensos sociales y políticos, por eso es tan importante un pacto de Estado por la educación.

Las actividades complementarias a las que alude el pin parental son obligatorias, evaluables y desarrollan contenidos de la ley de educación vigente, que hasta el día de hoy es la LOMCE, promulgada por el PP. Puedo referir las que realizan mis alumnos: la policía municipal viene a hablar sobre educación vial, la policía nacional sobre los peligros de las redes sociales, para abordar los ecosistemas establecimos una videoconferencia con el destacamento del ejército español en la Antártida, ha venido un experto en oratoria para dar claves sobre cómo hablar en público, el abuelo de un alumno- experto en egiptología- vino a contarnos claves de la civilización egipcia…, todo ello al ritmo de los contenidos establecidos en la programación del curso. Los profesores organizamos esas actividades porque pensamos que enriquecen a los alumnos, los padres las conocen, el consejo escolar del centro y la inspección educativa las aprueban. Si surgen a mediados de curso y no se pueden haber incluido en la programación anual- como sucedió con la oportunidad de la Antártida- somos los propios profesores quienes estamos obligados a filtrarlas desde un punto de vista ético y, por supuesto, desde el momento en que las familias dejan a sus hijos a nuestro cuidado, contamos con que confían en nosotros. 

Establecer suspicacias, abrir brechas en la confianza entre padres y profesores es un juego peligroso que nunca debe iniciarse para obtener rédito político. Los colegios no pueden ser un campo de batalla. Los profesores cumplimos con la responsabilidad que hace recaer sobre nosotros la sociedad. Si no lo hacemos así, respondemos ante la justicia con uno de los reglamentos disciplinarios más duros de Europa.

El propio consejero de la Comunidad de Madrid ha afirmado que en este aspecto no hay ningún problema. Y sin embargo estamos escuchando y dando titulares a afirmaciones tremendas. Qué pena.