Los docentes no tienen plan de pensiones al que devolver la extra

El Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, contiene una serie de disposiciones entre las que se encuentra la suspensión de  la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y empleados públicos. En concreto, se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre. Estas medidas atentan contra derechos adquiridos y consolidados, vulneran la Ley del Estatuto Básico del Funcionario Público y toda la normativa básica vigente, y quiebran la seguridad jurídica que los servidores públicos deben tener con la administración.

Los funcionarios ya sufrieron en 2010 un recorte salarial del 5% y dos congelaciones que han supuesto una  merma de retribuciones superior al 18% de media. Esta reducción de la paga supondrá en la nómina anual de los empleados públicos un recorte salarial bruto que oscila entre el 5% y el 7%. En el caso de los funcionarios docentes, debemos sumar los durísimos recortes que han llevado a cabo las comunidades autónomas, y que afectan a los derechos laborales y sociales, y a los complementos retributivos. 

La suspensión de esta paga extraordinaria solo será compensada mediante la correspondiente aportación al fondo de pensiones que tengan concertado los funcionarios con la Administración. PERO LOS DOCENTES NO TIENEN UN PLAN DE PENSIONES AL QUE DEVOLVER CANTIDAD ALGUNA. En año 2002, el Gobierno puso en marcha un Plan de Pensiones para los funcionarios civiles de la Administración General del Estado que dejó fuera, entre otros, a los funcionarios docentes. Esta arbitrariedad ha servido, entre otras cosas, para establecer injustos agravios comparativos entre los servidores públicos.

El Gobierno debe abordar ya las reformas necesarias para hacer viable el modelo de Estado y dejar de tomar medidas fáciles e injustas como es limitar los derechos retributivos y laborales de sus servidores públicos, a los que se está sometiendo a un castigo adicional cuando ya soportan además, como el resto de los ciudadanos, las medidas que limitan la capacidad adquisitiva,  como el aumento del IVA, del IRPF, congelación de las pensiones, etc.